Resumen: La sala desestima el recurso: aunque la recurrente (demandante) tiene razón en lo que concierne a la naturaleza de los daños, el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad no debe situarse en la fecha de bloqueo o baja provisional del blog. Razona que nos hallamos ante daños continuados. Lo que se imputa a los demandados no es la publicación en Internet de artículos aislados o la realización de entrevistas en las que reiteran las descalificaciones cuestionadas, o la apertura de páginas web, sino el diseño y puesta en marcha de un plan preconcebido a fin de presionar a la actora para que cediera a sus pretensiones económicas, plan en el que se enmarcarían aquellas actuaciones, realizadas de forma regular y continuada a lo largo de un prolongado lapso de tiempo y que provocan un agravamiento del daño. Pero, el que la consideración de las publicaciones lleve a concluir que estamos ante daños continuados y que el plazo de caducidad no opere individualizadamente respecto de cada publicación, no puede convertir en perpetua la acción para proteger el derecho al honor de los afectados, el foco debe situarse en la última actuación o publicación, atribuible a los demandados y que forme parte del conjunto inspirado por un mismo propósito. Cualquier otra interpretación conduciría a que la acción no caducaría mientras el dominio estuviera vigente, aunque no se sucedieran más publicaciones, manteniendo indefinidamente la responsabilidad del autor pese a su actitud pasiva.
Resumen: La sala razona que para que sea procedente el derecho de rectificación, los hechos que quien ejercita el derecho de rectificación considera inexactos pueden contenerse en una información elaborada directamente por el medio informativo o pueden contenerse en la información procedente de otra fuente (por ejemplo, las declaraciones de un tercero, las informaciones publicadas en otros medios nacionales o extranjeros o, como en este caso, las preguntas parlamentarias formuladas por sendos diputados que, a su vez, se hacían eco de la información publicada en otro medio de comunicación), que es publicada por el medio informativo demandado. Que se esté en este segundo supuesto no priva a la persona afectada del derecho de rectificación respecto de los hechos contenidos en esa información, si la información le alude de una manera clara, como es este caso, y el aludido considera inexactos y perjudiciales los hechos que en ella se exponen. En el caso, que el medio informativo haya recogido fielmente el contenido de las preguntas parlamentarias, que versan sobre cuestiones de interés público, y no haya hecho suyo su contenido, supone que el medio informativo no pueda ser condenado por vulnerar el derecho al honor del afectado en caso de que los hechos que se le atribuyen en las preguntas parlamentarias constituyeran una intromisión ilegítima en su honor. Pero no priva al afectado de su derecho a que el medio informativo publique una rectificación relativa a esos hechos que las preguntas parlamentarias reproducidas en el artículo periodístico le atribuyen.
Resumen: Aplicación de la jurisprudencia contenida en las SSTS 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, y entre las más recientes, las SSTS 1577 a 1585/2024, ambas inclusive, de 25 de noviembre, sobre validez de la estipulación del contrato privado de 30 de septiembre de 2015, que elimina la cláusula suelo y establece un tipo fijo del 1,75 % durante un período de cinco años, finalizado el cual se aplicará el interés variable pactado en el préstamo originario, y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones. Procedencia de la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio.
Resumen: Acción de tutela del honor, por considerarse vulnerado a resultas de las afirmaciones contenidas en una demanda (de modificación de medidas acordadas en el seno de unas previas medidas paternofiliales) en las que, en síntesis, se hablaba de que el progenitor no custodio era consumidor habitual de estupefacientes. La demanda se estimó en segunda instancia pero se desestima en casación. Se plantea la cuestión de si las expresiones proferidas estaban o no amparadas por la libertad de expresión en el marco del derecho de defensa. Al respecto se recuerda la jurisprudencia constitucional y de esta sala sobre que la libertad de expresión es especialmente inmune en estos casos. La libertad de expresión de los letrados ante los tribunales es especialmente resistente e inmune a restricciones en su ejercicio fuera de la prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa., Posee una singular cualificación al estar ligada estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa, y debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su régimen. A la luz de esa jurisprudencia, la ponderación realizada por la sentencia recurrida no es correcta, porque las expresiones proferidas se movieron en el exclusivo ámbito forense y se encontraban íntimamente ligadas con la decisión de la cuestión controvertida, al constituir un elemento de necesaria acreditación y ponderación judicial para la decisión sobre la modificación del régimen de visitas del padre, en el que es preciso valorar el interés y beneficio del menor.
Resumen: Demanda de una comunidad de propietarios en ejercicio de una acción reivindicatoria sobre elemento común. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, concluyó que el patio era un elemento común del inmueble y que se había producido un uso ilícito del mismo. La Audiencia revocó la sentencia. Recurre la comunidad demandante y la Sala estima el recurso. Declara que ni en el título constitutivo, ni en los estatutos, ni en el título de la demandada se le atribuye el uso exclusivo del patio, sin que sea argumento bastante para ello que su local cuente con una puerta de acceso al mismo, utilización además que le corresponde como a los otros comuneros según su destino. La demandada defiende que le compete el uso exclusivo del mismo, y se basa en que las obras que ejecutó fueron consentidas tácitamente por parte de la comunidad. La sala no considera que la comunidad hubiera consentido, al menos tácitamente, las obras ejecutadas por el demandado, que suponen una auténtica usurpación del patio titularidad de la comunidad, pues lo incorporó a su propio local ampliando su superficie a costa de la demandante. Asumiendo la instancia, declara la ilegalidad de las obras y entra a conocer del motivo de oposición esgrimido por la parte demandada relativo a que la acción estaría prescrita. La sala no acepta al pedimento, cuya acreditación corresponde a la parte demandada. Se estima el recurso de casación y se declara que el patio litigioso es titularidad de la comunidad de propietarios.
Resumen: Acción reivindicatoria ejercitada por una comunidad de propietarios con respecto a dos trasteros que son utilizados en exclusiva por las demandadas, que se oponen con el argumento de que los han adquirido por prescripción adquisitiva. En primera instancia se estimó la acción y se declaró que los trasteros eran elementos comunes, tal y como se había acordado en la junta de propietarios, cuya validez no había sido impugnada. La Audiencia Provincial, estimando el recurso de apelación, desestimó la demanda y acogió la acción reconvencional. La comunidad recurre en casación. La sala desestima el recurso. Recuerda que la desafectación de elementos comunes no esenciales puede ser originaria si se contiene en el título constitutivo o posterior en virtud de un acuerdo de desafectación. Además, la jurisprudencia ha admitido una desafectación por ministerio de la ley, consecuencia de la prescripción adquisitiva. En el caso, las demandadas venían poseyendo los trasteros de forma exclusiva y pública durante más de treinta años. Y el acuerdo de la comunidad, consiste en la proclamación de que los trasteros eran elementos comunes y se requería a las demandadas para que cesasen en ese uso privativo, no puede considerarse firme y ejecutivo, de manera que defina de forma definitiva su titularidad dominical. No corresponde a un acuerdo comunitario dirimir una contienda de tal naturaleza, privando, no por decisión judicial, a las demandadas de la titularidad dominical sobre los trasteros que les pertenecen, pues supone la vulneración de preceptos ajenos al régimen jurídico de la propiedad horizontal y determina su nulidad absoluta.
Resumen: Se interpone demanda de tutela del derecho al honor, por inclusión en fichero de insolvencia patrimonial. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda , estimó la intromisión ilegítima y condenó a una cantidad inferior a la pedida. Recurrieron en apelación ambas partes y la Audiencia estima el recurso de la demandada y desestima la demanda. Recurre en casación la parte actora y la sala desestima el recurso porque la deuda, que tenía su origen en un contrato de tarjeta de crédito, era cierta y la reclamación de 18 de febrero de 2019, dirigida a CaixaBank, a la que se refería el demandante, en la que se invocaba la nulidad de relación contractual, no se refería al contrato de tarjeta -sino a uno de préstamo- y había sido cursada por una persona distinta al demandante. Y sobre el requerimiento previo aplica la doctrina sobre el carácter funcional del requerimiento de pago, por la cual ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos, y considera cumplidos los requisitos exigidos, en cuanto consta en los autos la certificación de la entidad Servinform sobre la comunicación del requerimiento de pago con apercibimiento de inclusión en ficheros entregada por e-mailing el 12 de julio de 2020, así como la certificación de la entidad Signaturit de apertura del correo a 20.14 h. de dicho día. El correo fue remitido a la dirección de correo electrónico consignada por el demandante en el contrato de tarjeta.
Resumen: Acción de división de cosa común sobre vivienda matrimonial. En primera instancia se estimó la excepción de falta de legitimación activa del esposo demandante al entenderse que había renunciado a su mitad en favor de su esposa. En segunda instancia se consideró que no hubo renuncia sino, en realidad, una donación del 50% del marido a la esposa, ineficaz al no constar en escritura pública. En casación se cuestiona esta interpretación y se defiende la de la sentencia de primera instancia (que se trató de una renuncia). Por la renuncia abdicativa el titular hace dejación de un derecho adquirido sin transmitirlo a otra persona. En este caso no existió tal renuncia sino que hubo una donación. En el ámbito del art. 395 CC, la finalidad de la renuncia es que el copropietario se libere de su obligación de contribuir a los gastos de conservación de la cosa común, renunciando a la parte que le pertenece en el dominio. Pero esta renuncia no persigue transmitir ni se dirige a beneficiar o a favorecer a otro comunero. Sin embargo en este caso el marido usó la expresión "en favor de mi esposa" para dejar constancia de su intención de transmitir su derecho y que la totalidad del inmueble pasase a ser de titularidad exclusiva de aquella. La interpretación de la AP no puede revisarse por no ser ilógica, arbitraria o irrazonable. Improcedente planteamiento de cuestiones nuevas en casación (vulneración de la doctrina de los actos propios).
Resumen: Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, y, en concreto para los asuntos provenientes de la Audiencia Provincial de Navarra en que ha sido recurrente Caja Rural de Navarra, en multitud de sentencias (entre las más recientes, las SSTS 1577 a 1585/2024, ambas inclusive, de 25 de noviembre). A la doctrina jurisprudencial establecida en esas sentencias se remite la Sala. En consecuencia, se aprecia la validez de la estipulación del contrato privado de 19 de junio de 2014, en que se reduce el tipo de interés mínimo al 1,90%, y la estipulación del acuerdo de 4 de marzo de 2016, en que se elimina la cláusula suelo y se establece un tipo fijo del 1,90% desde la siguiente cuota y hasta mayo de 2016 para, después, estar al interés pactado en el contrato originario, y la nulidad de las cláusulas de renuncia de acciones incluidas en tales contratos al no superarse el control de transparencia por no constar la información ofrecida al respecto a la consumidora. En consecuencia, procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la inicial cláusula suelo hasta la suscripción del primer acuerdo novatorio. Se mantiene la condena en costas de primera instancia.
Resumen: Alcance obligacional de las declaraciones de compromiso suscritas por los codemandados en la carta de patrocinio litigiosa dirigida a la entidad de crédito demandante, en relación con una operación de préstamo entre la entidad de crédito y una sociedad con la que los firmantes de la carta mantenían una estrecha vinculación. La AP considera que el documento en cuestión es una carta de patrocinio fuerte y que el alcance de la obligación de indemnidad patrimonial se refiere al importe completo del préstamo pendiente de pago. Recurre uno de los codemandados firmantes de la carta. La sala desestima los recursos. El de infracción procesal, porque se denuncia como error fáctico lo que realmente sería, en su caso, un error de valoración jurídica sobre el contenido y alcance de la carta de patrocinio. El de casación, porque el compromiso expreso de los suscriptores de la carta de realizar solidariamente todos los esfuerzos, incluidos los financieros, para la actividad de las sociedades garantizadas y que estas «cumplan puntualmente y en su totalidad, con los riesgos asumidos en la operación de préstamo señalada en el párrafo primero», cuyo contenido y pactos manifiestan también de modo expreso conocer en su integridad, hace que la conclusión de la AP de calificar la carta de patrocinio como fuerte y afirmar que los suscribientes garantizaban la indemnidad patrimonial de la prestamista no pueda ser calificada de ilógica o arbitraria, o contradiga las reglas de la buena fe contractual.
